Esta investigación identifica, caracteriza y analiza los actores clave vinculados al impulso, diseño, implementación y evaluación de normas, instituciones y políticas no penales para atender la violencia de género contra las mujeres vinculada a la actuación del crimen organizado en Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador y México.
La investigación combinó una revisión documental de gabinete con la implementación de 44 entrevistas a profundidad, a fin de construir un panorama amplio de los contextos nacionales, las trayectorias de los actores y las dinámicas de poder involucradas en este fenómeno. El ecosistema de personas mapeadas abarca al funcionariado público de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, personas académicas expertas en género y seguridad, organizaciones civiles de derechos humanos, colectivas feministas, periodistas y organismos internacionales, lo que permite mapear una amplia diversidad de perspectivas situadas sobre la materia.
Un hallazgo central del informe es que en la región ya existen múltiples normas, instituciones y políticas que, en la práctica, constituyen alternativas no penales. El documento analiza de forma crítica los procesos necesarios para el desarrollo de estas alternativas. Asimismo, examina las barreras discursivas y estructurales que limitan su consolidación, como la inercia cultural de las narrativas de "mano dura" que asocian la seguridad al castigo y al uso de las fuerzas armadas, las policías o la cárcel.
Al visibilizar estas tensiones y sistematizar las experiencias de América Latina, el documento ofrece herramientas narrativas y conceptuales para cuestionar el abordaje penal de la violencia vinculada al crimen organizado, incluida la de género contra las mujeres, y convoca a comprender que, frente al miedo y la violencia que atraviesan la región, más de un camino es posible y necesario.
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