Las dos guerras

En este Informe ofrecemos una, de muchas, respuestas: si queremos entender cómo es que aumentaron tan dramáticamente los asesinatos de las mujeres en México, tenemos que considerar a la militarización de la seguridad pública como uno de los factores relevantes que explican este incremento. Para ello, presentamos evidencia de que los enfrentamientos que ocurrieron entre elementos de las Fuerzas Armadas y presuntos “grupos delictivos”, en el marco de la llamada “Guerra contra las drogas”, contribuyeron al alza de los asesinatos de las mujeres en el país.

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El análisis que aquí se ofrece está basado en dos fuentes. La primera es la Base de Datos CIDE-PPD, publicada por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que incluye información sobre los enfrentamientos en los que participaron las Fuerzas Armadas entre el 2007 y el 2011. La segunda son bases de datos que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina proporcionaron en respuesta a solicitudes de acceso a la información pública, que incluyen información sobre los enfrentamientos en los que participaron sus elementos entre el 2007 y el 2018. En ambos casos, nuestro análisis muestra dos fenómenos: el de la violencia directa que ejercen las Fuerzas Armadas –cuyos enfrentamientos se caracterizan, en muchas ocasiones, por ser de una letalidad brutal– y el de la violencia indirecta que provocan sus enfrentamientos. En concreto: mostramos que, por cada enfrentamiento en el que estuvieron involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, no solo se detonaron, a nivel municipal, los homicidios de los hombres, sino los de las mujeres también.

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Por eso hablamos de las dos “guerras”: porque las mujeres en México, encima de lidiar con la “guerra” del machismo y la misoginia que condiciona su día a día, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en sus relaciones íntimas y con extraños, ahora tienen que hacerlo en un contexto de violencia generalizado provocado por la llamada “Guerra contra las drogas” y las estrategias que, en su nombre, el Estado ha implementado. Por esta razón, también, afirmamos que, si queremos garantizar hoy en día las vidas de las mujeres, no basta con implementar políticas para, por ejemplo, reducir la violencia familiar o cerrar brechas de desigualdad de género.

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Tampoco es suficiente apostar por, simplemente, reducir la impunidad, asegurando el castigo penal a las personas que perpetran directamente esta violencia. Entre otras medidas, es necesario repensar por completo las políticas más amplias de seguridad: políticas que, por catorce años ya, siguen apostando por la intensificación de la militarización para alcanzar la paz.

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Sabemos que el reto que supone la violencia en el país es enorme. Su solución, por lo mismo, no es sencilla. Por eso, sin embargo, es que también nos importa señalar cuando las estrategias implementadas no han rendido los frutos esperados e incluso han tenido efectos contraproducentes, como es el caso de la militarización. Cómo resolvemos el problema de la violencia importa y como lo hemos hecho hasta ahora, no es la vía. La evidencia con el paso de los años solo se acumula: esta estrategia no solo no ha contenido la violencia, sino que la ha exacerbado. Toca reiterarlo: tanto los hombres como las mujeres merecen más.