Este documento técnico, elaborado por un colectivo de organizaciones, aborda el papel de las fuerzas armadas en tareas civiles en México tras la reforma constitucional de 2024, que implicó la constitucionalización de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Esta reforma obliga a la pregunta sobre cómo regular la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, de manera que sea posible establecer requisitos y límites claros para salvaguardar los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.
El trabajo se fundamenta en tres premisas clave: la primera, que la reforma de 2024 exige una discusión sobre "cómo" debe ser la participación militar en tareas de seguridad pública; la segunda, que el marco conceptual de los "controles civiles" ofrece un camino para resolver esta interrogante; y la tercera, que la expansión de funciones y recursos de las fuerzas armadas en años recientes, en áreas que incluso van más allá de la seguridad pública, hace que estos controles sean aún más urgentes.
El documento es el resultado de un proceso de investigación y deliberación colectiva, que incluyó un encuentro entre colectivas y organizaciones, seguido de una alianza para la investigación y discusión, así como un análisis de la normatividad y la práctica en México. A partir de este proceso, se propone una serie de controles civiles que, de integrarse a la legislación federal, podría contribuir a que el poder militar se subordine al poder civil y se acerque a los requisitos establecidos en el estándar internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), aún vinculante para México, de la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Esta sentencia establece que, en el caso excepcional en el que las fuerzas armadas deban intervenir en temas de orden interno, su participación debe ser extraordinaria, regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada.
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