Este informe analiza las normas y políticas públicas que el Estado ha instrumentado en Argentina, Chile, Colombia y México entre 2016 y 2026 para hacer frente a la violencia de género contra las mujeres que cursan la educación superior.
Basado en una rigurosa investigación de gabinete que sistematiza el andamiaje normativo regional y la literatura disponible, el estudio primeramente rescata la influencia histórica de las académicas y redes feministas de la región, así como de los movimientos estudiantiles —como Ni una Menos en Argentina, el mayo feminista en Chile y las manifestaciones universitarias en Colombia y México— sobre los avances en los planteles educativos y las regulaciones estatales. Posteriormente, de manera complementaria a los estudios que se centran en la atención de casos individuales, el informe centra la discusión en las acciones estructurales e institucionales necesarias para transformar de raíz los espacios educativos de la región.
Para ello, el estudio desmenuza y compara la implementación —por parte de las autoridades públicas y las instituciones de educación superior (IES)— de seis tipos de medidas estatales: (1) la actualización de los marcos normativos internos de las IES, (2) el fomento a la participación de las comunidades estudiantiles, el personal docente y el personal administrativo en la formulación de las políticas que les afectan, (3) la generación de diagnósticos e información útil para guiar las acciones frente a la violencia, (4) las estrategias de formación y divulgación, (5) las medidas específicas de prevención, y (6) la rendición de cuentas hacia las comunidades de la educación superior. El análisis comparado revela que, si bien existen avances significativos, en todos los países persisten retos importantes. Asimismo, se expone la manera en cinco factores distintos favorecen o inhiben la implementación de las normas y políticas estatales: (1) la especificidad en la distribución de responsabilidades gubernamentales, (2) la orientación y el acompañamiento a las IES por parte de las autoridades públicas, (3) la habilitación de espacios para el intercambio y el aprendizaje colectivo, (4) la asignación de recursos y presupuesto, y (5) el desarrollo de evaluaciones sistémicas sobre el diseño, impacto o la sostenibilidad de las propias medidas del Estado.
Finalmente, el documento no solo ofrece un diagnóstico crítico, sino que traza una hoja de ruta propositiva con catorce rutas de acción concretas dirigidas como exigencia al Estado, además de como un llamado a la articulación con redes académicas clave de la región, tales como la RUGE en Argentina, la RENIES en México, el CRUCH en Chile y la ASCUN en Colombia. Así, este informe busca servir como herramienta de consulta e incidencia para personas impulsoras de la igualdad, tomadoras de decisiones y comunidades académicas comprometidas con el derecho a una educación superior sin violencia.
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