Esta investigación analiza el vínculo entre el control territorial ejercido por ciertos grupos del crimen organizado y la violencia basada en el género contra las mujeres en Colombia, Chile, Ecuador, Honduras y México.
El foco del informe está en lo que se denomina “grupos coercitivos no estatales con control territorial”. A partir de un análisis cualitativo y comparado, el estudio propone seis indicadores para identificar cuándo uno de estos grupos ejerce control territorial. Lo que los caracteriza es que van más allá de la simple presencia o de la participación en actividades ilícitas y logran instaurar un orden social coercitivo que se sostiene en reglas sobre lo que las personas pueden hacer, decir o evitar, y en mecanismos que producen obediencia mediante el castigo, la amenaza y la intimidación.
El informe proporciona una variedad de ejemplos de los mecanismos a través de los cuales estos grupos ejercen control territorial. Dentro de estos contextos, profundiza en las tres formas principales de violencia de género: la regulación de los vínculos afectivos y sexuales, la apropiación del cuerpo (que abarca la explotación sexual y el uso de la violencia sexual como castigo) y el control sobre las decisiones reproductivas (anticoncepción, embarazos o abortos forzados). Conectando estos hallazgos con las nociones de violencia directa, estructural y cultural de Johan Galtung, el informe muestra que estos grupos no crean las desigualdades de género, sino que aprovechan y profundizan los estereotipos de género preexistentes al convertirlos en reglas coercitivas que restringen la libertad de las mujeres.
Finalmente, el documento realiza un examen crítico de las políticas criminales, de seguridad y de género en los cinco países. El análisis revela que las dos primeras se enfocan en desarticular a los grupos y sus finanzas, mientras que las políticas de género (como refugios, atención integral y autonomía económica) suelen ser inaccesibles en territorios bajo control coercitivo, pues asumen erróneamente que las mujeres pueden denunciar, trasladarse o recibir recursos de forma segura sin ser vigiladas o castigadas por el grupo.
De este modo, el informe concluye con un llamado a repensar las políticas públicas para que protejan sin exponer, acompañen sin condicionar a la denuncia penal y generen alternativas reales para que las mujeres puedan reconstruir sus proyectos de vida sin perder su territorio.
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