Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado?

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¿Cuáles son las instituciones que el gobierno privilegia a la hora de destinar recursos para atender la violencia? En Intersecta presentamos el informe Dinero para la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado?, en el que proporcionamos cifras para dimensionar la inversión que se hace en aquello que se nos presenta como respuesta a muchos de los grandes problemas nacionales, incluida la misma violencia de género contra las mujeres: la apuesta militarista que se traduce en una inversión enorme en las Fuerzas Armadas.


El informe muestra que los recursos que ejercen las Fuerzas Armadas y el personal con el que cuentan son mucho mayores que los que ejercen otros poderes y secretarías del Gobierno Federal. Mientras que las instituciones que están pensadas, desde sus orígenes, para atender a las mujeres, la desigualdad y a las víctimas de este país reciben un apoyo escaso, el poder militar sigue creciendo en México.

Algunos datos para ejemplificar:

  • En 2021, el gasto para el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” fue de $415.9 millones de pesos. Ese año, las Fuerzas Armadas gastaron $459.9 millones de pesos en viáticos para viajes al extranjero. El gobierno de la austeridad invirtió más en los viajes al extranjero de los militares que en refugios para mujeres víctimas de violencia.
  • En 2021, el gasto en servicios de guardería del IMSS fue de $11,192 millones de pesos. Lo que las Fuerzas Armadas gastaron simplemente en bonos salariales para sus integrantes (les llaman “sobrehaberes”) fue de $16,804 millones. En México se gasta más en bonos de soldados que en guarderías del IMSS.
  • En 2022, al Inmujeres le autorizaron tener 251 plazas. A la Sedena, 259,689. Con una Sedena se podrían tener mil Inmujeres.
  • En 2022, a la Conavim le autorizaron tener 48 plazas. Dentro de la Sedena, su Dirección General de Comunicación Social tiene 127 plazas. Hay más plazas para quienes generan propaganda militar que para quienes administran la Alerta de Violencia de género contra las mujeres.

Además de mostrar estas diferencias en cuanto a la distribución de personal y recursos, el informe busca, por un lado, contribuir a la fiscalización de las Fuerzas Armadas y, por el otro, desatar la imaginación redistributiva. Es decir, una vez que conocemos todos los recursos que sí hay, ¿a dónde podrían redirigirse?

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