En este artículo, publicado en la revista Nexos, Adriana E. Ortega analiza el impacto de la pandemia en mujeres privadas de la libertad en México.

Elena1 es una mujer de 65 años de edad privada de su libertad en un centro penitenciario estatal de Oaxaca. Desde hace ocho años y diez meses —momento en el que fue ingresada al penal— está en espera de una sentencia por el delito de secuestro. El caso de Elena es preocupante: fue diagnosticada con la enfermedad de Addison hace 16 años. Este padecimiento —el cual deteriora el funcionamiento renal— desencadena una serie de síntomas2 que debilitan su sistema inmune y la ponen en mayor riesgo de contraer otras enfermedades. Hace algunas semanas, comenzaron a aparecer síntomas de covid-19 en otras mujeres de la misma prisión. Dado el especial riesgo de salud que corre dentro del centro penitenciario, Elena ha pedido un cambio de medida cautelar que le permita llevar su proceso fuera de la prisión.3 En su solicitud, reconoció que, si bien el delito que se le acusa de haber cometido amerita prisión preventiva oficiosa —una medida que permite que las personas que están siendo investigadas por la comisión de ciertos delitos sean privadas de la libertad automáticamente—, la ley establece una excepción para casos como el de ella. Su petición, sin embargo, fue negada.

Las mujeres en prisión son tan invisibles, que ni siquiera se contabilizan sus muertes. Actualmente, no es posible saber cuántos hombres y cuántas mujeres privadas de la libertad han muerto por covid-19. Lo que sí se puede saber con los datos oficiales, es que el riesgo que corren las personas en prisión a nivel nacional de contagiarse y de morir por covid-19 es sustancialmente mayor en comparación con la población general. Con base en los últimos datos del Monitoreo Nacional por covid-19 de la CNDH en prisiones del país, la tasa de muertes acumuladas por 100 000 personas privadas de la libertad es de 106.6,4 en contraste con 55 en el caso de la población en general.5 Esta proporción es 1.9 veces más grande para los presos. En algunas entidades, tales como Oaxaca, en donde Elena está recluida, la tasa de mortalidad es 4.2 veces mayor a la de la población general.

Ilustración: Kathia Recio

En cuanto a los factores que contribuyen a la propagación del virus, el estado de las cárceles juega un rol fundamental. Elena menciona que, aunque en el centro penitenciario en el que se encuentra sanitizan las instalaciones todos los fines de semana, no se les proporcionan artículos básicos de higiene personal como jabón o gel antibacterial; ella y sus compañeras se tienen que encargar de comprar estos insumos de primera necesidad.

Otro factor es la convivencia diaria de las personas en situación de reclusión y la falta de medidas que garanticen la sana distancia dentro de las celdas y las áreas de convivencia común. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 (CNGSPSPE), el 92.1 % de las celdas en las prisiones estatales del país son colectivas y de acuerdo con la ENPOL 2016 el 27.3 % de las mujeres privadas de la libertad comparten su celda con más de seis personas, y —dentro de esta proporción— el 5.3 % señaló compartirla con más de quince personas. Elena cuenta que ahora comparte su celda con otras dos mujeres y que antes lo hacía con otras cuatro. Ésta es una situación abrumadora para ella, ya que, por indicación médica, suele permanecer gran parte del tiempo dentro de este espacio para prevenir caídas o encuentros con sus compañeras que podrían ocasionarle fracturas a raíz de su osteoporosis.

La última edición del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH (2019) señala que los centros penitenciarios estatales son los peor evaluados en todos los rubros,6 por debajo, aun, de los centros penitenciarios federales y los militares. De manera específica, se documentaron deficiencias en las áreas de salud (carencia de equipo médico y de personal) en tres de cada diez centros penitenciarios estatales. Elena señala un desabasto importante en medicamentos, incluso en aquéllos que son básicos como el paracetamol. Ella y sus compañeras tienen que comprarlos también con sus propios medios.

Además de todas estas condiciones adversas, a nivel nacional, las mujeres privadas de la libertad se ven más afectadas por la prisión preventiva que los hombres. Mujeres como Elena —las cuales no cuentan con una sentencia— representan una de cada dos mujeres privadas de su libertad al día de hoy. En el caso del penal en donde está, las mujeres que se encuentran sin una resolución jurídica son siete de cada diez. Esta proporción disminuye en el caso de los hombres, al ser el 40.7 % de ellos los que se encuentran en esta misma situación.

En contra de las recomendaciones internacionales7 en el contexto de la pandemia de covid-19, ni la autoridad penitenciaria8 ni los tribunales han priorizado la liberación de personas a través de medidas alternativas a la prisión. En el caso de Elena, el cambio de la medida de prisión preventiva por otra como la prisión domiciliaria se hizo con base en supuestos extraordinarios que prevén tanto el Código Penal Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de personas de más de 70 años o que padezcan una enfermedad grave o terminal. Sin embargo, de manera discriminatoria y desproporcionada, los mismos códigos prevén que no se aplicarán estas prerrogativas para ciertos delitos. Esta rigidez es un obstáculo salvable para el poder judicial: debe privilegiarse la protección de la vida y la integridad. Los datos oficiales muestran la misma rigidez, pues de 487 personas beneficiadas con alguna medida en febrero de este año, pasaron a ser solamente 32 en mayo. Aunque ha habido un aumento en los últimos dos meses, estas cifras se encuentran por debajo de aquéllas registradas a principios de año.

Dado este panorama, y lejos de estar despresurizando las prisiones, en los últimos meses se ha advertido un crecimiento constante en el número de personas privadas de la libertad a nivel nacional que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Tan sólo de enero a julio del presente año, los registros oficiales muestran un incremento del 8.7 % en la cantidad de mujeres en situación de reclusión, proporción que resulta ser el doble del incremento registrado en el caso de los hombres (4.5 %). Las mujeres se encuentran en constante desventaja ante el sistema penal.

Es imprescindible que el Estado se centre en el bienestar de las personas privadas de la libertad en el contexto de la pandemia de covid-19. Una de las principales maneras es priorizar la aplicación de medidas alternativas a la prisión, tales como las contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal Federal, así como de medidas de extinción de la pena como la contemplada en la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de este año. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil como Equis Justicia para las Mujeres y Documenta se encuentran haciendo un trabajo básico dando seguimiento a las solicitudes ingresadas, acompañando casos9 y creando formatos más amigables para que familiares o defensore/as de personas privadas de la libertad puedan gestionar sus propias peticiones.10 Sin la presencia de la sociedad civil organizada, el acceso a estos beneficios se vería drásticamente limitado.

La privación de la libertad en el contexto de una pandemia global no debería significar una sentencia de muerte. Las vidas de mujeres y hombres en prisión no son desechables. La vida de Elena no es desechable.

Adriana E. Ortega
Analista de datos en Intersecta Organización para la Igualdad, A. C.


1 El nombre de la persona ha sido modificado para proteger su identidad.

2 Algunos de los síntomas que Elena ha padecido en los últimos años a raíz de su enfermedad son: hernias discales, hipotiroidismo, osteoporosis, herpes, hipertensión y obesidad, por mencionar algunos.

3 Este proceso ha llegado a un juicio de amparo que, al momento de la redacción de este artículo, se encuentra en trámite ante el Juzgado Décimo de Distrito en Oaxaca. El apoyo legal de Elena lo proporciona el Instituto de Justicia Procesal Penal.

4 La tasa se calcula con base en el número total de muertes registradas por covid-19 del Monitoreo Nacional en prisiones y en la cantidad total de personas privadas de la libertad registradas en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de julio 2020. El corte se realizó al 8 de septiembre de 2020.

5 La tasa se calcula con base en el número total de muertes registradas por covid-19 en el Tablero General Conacyt y en las proyecciones de población de Conapo. El corte se realizó al 8 de septiembre de 2020.

6 Los rubros considerados en las evaluaciones, son: I) Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; II) Aspectos que garantizan una estancia digna; III) Condiciones de gobernabilidad; IV) Reinserción social del interno y V) Grupos internos con requerimientos específicos.

7 Ver declaración conjunta: Declaración conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA y la ACNUDH sobre la COVID-19 en prisiones y otros centros de detención. Publicada el 13 de mayo de 2020.

8 Conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad penitenciaria puede solicitar la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas, por motivos humanitarios.

9 Ver el comunicado “Equis Justicia para las Mujeres y Documenta ingresan solicitudes de Amnistía y llaman a detallar procedimientos de forma oficial”, que se pubicó el 4 de agosto de 2020.

10 Ver el subsitio #AmnistíaYa en la página de Equis Justicia para las Mujeres.