En este artículo, publicado en Nexos, Estefanía Vela analiza los argumentos detrás de la iniciativa que busca que el IVA que actualmente se paga por productos para la gestión menstrual sea del 0% (en lugar del 16%).

Nunca, realmente, cuestioné el gasto: asumía, sin más, que una vez al mes tocaba comprar tampones. Creía que la única decisión que podía tomarse era sobre el producto concreto a vender y adquirir en el mercado: Kotex, Tampax, Saba; regulares, súper, súper plus.

Me equivoqué.

El solo hecho de tener que comprar estos productos es consecuencia de una decisión de política pública. El hecho de que, encima de todo, haya que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre estos productos, también. Estas decisiones son las que el colectivo Menstruación Digna México ha puesto a debate. Y este debate ha sido traído al Congreso federal gracias a un grupo multipartidista de diputadas que buscaron modificar la Ley del IVA para que a todos los productos para la gestión menstrual —toallas, compresas, tampones, copas, pantiprotectores, etcétera— se les imponga una tasa del 0 %, en lugar de la actual del 16 %. La iniciativa legislativa que se introdujo sigue una tendencia que cada vez puede verse en más países, como son Colombia, Canadá y Reino Unido. Son medidas que se conceptualizan como necesarias para garantizar la justicia y la igualdad. Vale la pena entender por qué.

La menstruación es un proceso fisiológico por el que prácticamente la mitad de la población atraviesa. Hay variaciones, por supuesto; excepciones, también. Pero para millones —según la Organización Mundial de la Salud, para 1 800 millones actualmente— es parte de nuestras vidas. Periódicamente, sangramos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho días. Esto ocurre por décadas. Según la iniciativa, se calcula que, en promedio, una mujer menstrúa 2 535 días de su vida. Siete años consecutivos. Dada esta realidad, la adquisición de productos para la gestión menstrual es, simplemente, una necesidad. No son lujos, si bien la manera en la que están gravados sugeriría lo contrario. Y ese es el punto: ¿por qué tratar fiscalmente como lujo algo que es una necesidad?

El problema, por supuesto, no es sólo que se grava de esta forma una necesidad. Es, también, que se trata de un impuesto que afecta en exclusiva a un grupo de personas. Porque, pensémoslo: ¿quién absorbe en realidad ese 16 %? Las personas que requieren estos productos. ¿Qué determina quién requiere estos productos? El factor más importante: el sexo de una persona. Estamos, tal cual, frente a un impuesto sexista sin paralelo. En la discusión que se ha desatado en torno a la iniciativa, esto ha quedado claro cuando hombres, en su mayoría, se burlan de la medida sin ser capaces de dar, sin embargo, un contraejemplo de un gravamen basado en una función fisiológica equivalente por la que solo atraviesa esa mitad de la población.

Más allá de lo formal, sin embargo, la iniciativa también llama la atención al impacto económico y social que tiene la regulación actual de productos para la gestión menstrual.

Empecemos por lo económico. De nuevo: estamos, de entrada, frente a un impuesto cuyo costo se absorbe sólo por un grupo de la población, conformado en su mayoría por las mujeres.1 Esto en sí preocupa. El problema, por supuesto, es que las mujeres, además, están ya en una situación de desventaja económica. Las mujeres tienen una tasa de participación económica menor a la de los hombres —si bien, en promedio, trabajan más horas que los hombres, una vez que se contabiliza el trabajo del hogar no remunerado—. Incluso las que son “económicamente activas”, están sobrerrepresentadas en trabajos informales, sin acceso a prestaciones y protecciones básicas. Más aún: estas diferencias sólo se han agudizado con la pandemia (para dimensionarlo: de cada 3 trabajos perdidos en el país, 2 eran de mujeres; de cada 10 trabajos recuperados en el país, 7 fueron para los hombres).

En este contexto, la injusticia del IVA sobre los productos de gestión menstrual es aún mayor, particularmente para las mujeres en situación de pobreza. Para dimensionarlo: según los cálculos que se ofrecen en la iniciativa, se requieren, en promedio, 360 toallas o tampones al año. Asumiendo que cada uno tiene un costo de dos pesos, este gasto asciende aproximadamente a los 720 pesos anuales. Para un hogar perteneciente al decil I (el 10 % de los hogares más pobres), esto puede representar el 5 % de su gasto anual, un gasto 2.5 veces mayor, en proporción, que lo que representa para un hogar del decil X (el 10 % de los hogares más ricos).

El impacto, por supuesto, no se circunscribe a lo económico. Es el efecto dominó que se genera con los obstáculos a productos de gestión menstrual sobre otras áreas de la vida. Si acceder a estos productos es difícil, la posibilidad de ir a la escuela se puede ver mermada. La posibilidad de ir al trabajo. La posibilidad de andar, libres, en el espacio público también. De hacer deporte. Correr. Nadar. Jugar. Este impacto no sólo se debe a una cuestión de higiene y comodidad personal, sino también, por supuesto, al estigma que aún existe sobre la menstruación. Al terror de sangrar en público, por la respuesta que probablemente tendrá. Las burlas. El asco. La vergüenza.

Hay mucho por cambiar. La misma iniciativa reconoce que son múltiples los ejes sobre los cuales es necesario trabajar. La tasa 0 a los productos de gestión menstrual es uno. Garantizar el acceso gratuito a los mismos, es otro. Vaya: incluso contar con más información sobre la menstruación sigue siendo un pendiente. En la lucha por una menstruación digna habrá, queda claro, obstáculos. La tasa 0, por ejemplo, fue rechazada en la Cámara de Diputados. La lucha ahora está en el Senado. Lo importante es entender que, incluso si ahí se pierde, ya la exigencia se ha articulado y, al final, nada la parará.

Estefanía Vela Barba. Abogada y trabaja en Intersecta (@IntersectaOrg), organización feminista de políticas públicas que es parte del colectivo #MenstruaciónDignaMéxico. Twitter: @samnbk.


1 Una de las virtudes de la iniciativa que se presentó es que se reconoce que, si bien la mayoría de las personas que menstrúan son mujeres, no todas lo son. Esto permite reconocer cómo la (in)justicia menstrual también impacta, por ejemplo, a los hombres trans y a las personas no binarias.