Como cualquier fenómeno estructural, la discriminación se manifiesta en distintos espacios y los datos no son una excepción. A pesar del esfuerzo inicial por presentar a las tecnologías de información y análisis de datos como herramientas neutrales que ayudarían a aliviar problemas sociales, ha quedado claro que, por el contrario, tienden a replicar patrones que exacerban la desigualdad. De una manera muy concreta, las disparidades se hacen visibles al analizar el estatus de los datos públicos que producen las autoridades. Si bien las instituciones mexicanas han demostrado que tienen una amplia capacidad para producir datos precisos de la más alta calidad —como sucede, por ejemplo, con los indicadores económicos—, estos recursos y conocimientos técnicos no se han invertido de la misma manera para la producción de datos sobre las experiencias de los grupos históricamente discriminados. De hecho, en muchas ocasiones no es posible conocer las experiencias de personas trans, personas afrodescendientes o personas que viven con una discapacidad, entre otras, en México. Aunque la brecha de datos en cuanto a la cantidad (o mera existencia) es la más evidente, las brechas también se manifiestan en otros criterios como la periodicidad con la que se actualizan y el grado de accesibilidad de aquellos que sí existen. Dado que la información estadística constituye un insumo indispensable para el diagnóstico de los problemas públicos, el diseño de intervenciones y la evaluación de políticas, dichas asimetrías inhiben su aprovechamiento. La responsabilidad de mejorar la calidad y accesibilidad de los datos recae en todas las autoridades y en los tres niveles de gobierno. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil deben apropiarse de la información existente y evaluarla.

Antes de examinar con más detalle las desigualdades entre datos de distintos temas, vale la pena ahondar cómo la información estadística ayuda a comprender mejor los problemas sociales. Para ilustrar esta capacidad, se puede tomar como ejemplo a los movimientos de mujeres. De manera puntual, los datos han permitido detectar que la forma en la que las mujeres son asesinadas han cambiado en los últimos años: ahora 6 de cada 10 mueren por ataques con arma de fuego y mueren más en las calles que en sus casas. Esta información se traduce en la necesidad de que el movimiento feminista incorpore en su agenda el desarme del país, así como la desmilitarización de la seguridad pública. La información estadística también ha evidenciado que las mujeres prefieren denunciar eventos de violencia ante las autoridades de sus escuelas o centros de trabajo antes que hacerlo en un Ministerio Público. Un último ejemplo es que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Así pues, los datos permiten ajustar el diagnóstico respecto a cuáles son las causas de las violencias que viven las mujeres, favorecer las intervenciones que son preferidas por ellas y evaluar los efectos perniciosos de políticas inadecuadas.

Aunque existe mucha más información para estudiar los efectos que el género tiene en distintos fenómenos sociales, aunado a otros rubros —como orientación sexual, raza o discapacidad— y a pesar de la innegable importancia que los datos mencionados han tenido en el debate público, los datos siguen siendo insuficientes. Prueba de ello es la dificultad para diagnosticar el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la violencia doméstica, debido a que los instrumentos que miden este tipo de fenómenos, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), no se levantan con la suficiente periodicidad. De hecho, la ENDIREH solo se ha levantado en cuatro ocasiones en los últimos 20 años y los datos más recientes son de hace seis (la publicación más reciente fue en 2016). Lo mismo sucede con otros instrumentos que son esenciales para el análisis de la situación de derechos humanos, como la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), la cual ha sido levantada en dos ocasiones o la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que solo se levantó en 2017. La ausencia de datos, o la demora en su actualización, no es una característica inherente de la infraestructura digital en México. De hecho, la amplia disponibilidad de indicadores económicos demuestra la sólida capacidad de las autoridades para producir y publicar información. Por ejemplo, hoy en día es posible acceder a más de 15 indicadores distintos sobre el nivel de inflación en México mes a mes y consultar gráficas interactivas que muestran su desarrollo desde 1969. Aquí hay que destacar la brecha en accesibilidad. Mientras que para consultar datos sobre inflación (u otros indicadores económicos) solo hace falta saber cómo navegar un sitio web para acceder a las visualizaciones, el sitio del INEGI no ofrece ninguna herramienta de generación automática de gráficas para los resultados de encuestas como la ENDIREH, la ENPOL o la ENADIS. Si bien es cierto que se ofrecen tabulados y reportes sobre los resultados generales, acceder a indicadores más específicos y construir series de tiempo requiere que la persona interesada tenga un conocimiento de softwares especializados en análisis estadístico (como R o Python), creando así una barrera de acceso al conocimiento.

Por supuesto, han existido esfuerzos para hacer que la información estadística en temas de género sea más accesible. Sin embargo, estos no han sido consistentes. Un caso relevante es el de la plataforma web Atlas de Género (impulsada por el INMUJERES, ONU Mujeres, la CEPAL y el propio INEGI), que ofrece a las personas usuarias un menú de más de 40 indicadores sobre el estatus socioeconómico de las mujeres en México. El sitio contempla tablas que facilitan la comparación entre hombres y mujeres e incluye mapas con el desagregado estatal. A pesar de ser un sitio accesible y amigable, una exploración más detallada evidencia deficiencias en la calidad del portal. En primer lugar, los datos no han sido actualizados: los indicadores con datos más recientes tienen más de cuatro años de antigüedad, mientras que otros tienen ya casi diez años, tal es el caso de las cifras sobre el número de regidoras en las entidades federativas que datan del 2012. Este rezago no se debe a una falta de actualización de las fuentes originales. Por ejemplo, la plataforma reporta el número de juezas en el país según los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal de 2014, cuando la versión más actual de dicho Censo es de 2021 y el INEGI ha hecho levantamientos anuales. Esto sugiere que la plataforma fue lanzada sin un plan para actualizar las cifras reportadas. En segundo lugar, el navegador no ofrece series de tiempo, por lo que no es posible analizar cómo han cambiado los indicadores a través de los años. Por último, las bases descargables no siempre son claras sobre el año específico que se está reportando y tampoco hay documentación disponible que transparente cómo se procesó la información tomada de las fuentes originales.

La desigualdad de los datos genera barreras al conocimiento, pues impide que las personas que no cuenten con una formación específica en análisis de datos accedan a la información más actual de manera rápida y sencilla. Estas críticas tienen el único objetivo de llamar la atención sobre el estatus de los datos relacionados con derechos humanos para atraer interés y recursos a su producción. El hecho de que la información sea escasa o desactualizada no desestima su enorme valor, en particular cuando se toma en cuenta que no existen plataformas públicas equivalentes para conocer la situación de personas afrodescendientes, LGBT+ o con discapacidades en México. Además, se debe enfatizar que la labor del INEGI es invaluable —de hecho, es una de las mejores instituciones a nivel mundial en la generación de información estadística— y reconocer que la producción de conocimiento desde la academia, el sector público, el sector privado y sociedad civil no podría existir sin este Instituto. Es indispensable reconocer los esfuerzos que ha hecho para generar más información, como el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género Web (que podrá ser respondida hasta el 21 de abril de 2022). Estos esfuerzos se han dado, además, dentro del contexto de recortes presupuestales que pusieron en riesgo el levantamiento de distintas encuestas, incluida la ENPOL. Esto significa que la responsabilidad de producir datos pertinentes y accesibles es de todas las autoridades mexicanas y no solo de un Instituto. De hecho, fortalecer las capacidades de producción de información y transparencia de los gobiernos locales es un pendiente urgente en materia de políticas de datos —dado que mucha de la información relacionada con derechos humanos depende de instituciones como centros penitenciarios o fiscalías—. También es imperativo exigir que el gobierno federal destine los recursos necesarios y reconozca su relevancia para la salud democrática del país.

Las autoridades mexicanas cuentan con la capacidad técnica para producir más y mejores datos sobre las experiencias de las poblaciones históricamente discriminadas, así como las herramientas para hacer más accesible la información disponible. Para contar con los mismos estándares de calidad que ya existen para los datos económicos, debe haber una redistribución de recursos técnicos. Es decir que debe haber un debate serio sobre qué políticas de datos se deben implementar en materia de derechos humanos para fortalecer los diagnósticos, soluciones y evaluaciones de intervenciones. Dado que los datos son indispensables para las políticas públicas efectivas, las políticas públicas de datos deben ser, en sí mismas, una prioridad. Como parte del esfuerzo por contribuir a la discusión sobre políticas públicas de datos, recientemente se publicó el informe Datos para la Vida de las organizaciones Data Cívica e Intersecta, que analiza hasta qué punto los datos públicos de homicidios en México son útiles para diagnosticar el impacto de  la violencia en distintos grupos sociales históricamente discriminados, acompañado también de una serie de recomendaciones. Algunos de los hallazgos del informe indican que las pocas variables que existen para identificar aspectos esenciales de la identidad de una persona (como si hablaba una lengua indígena) o sobre el contexto (si existen antecedentes de violencia doméstica) suelen dejarse vacías, por lo que no hay información disponible. Este informe es un primer ejercicio que demuestra que, mientras no se mejore la cantidad, la calidad y la accesibilidad de los datos, estos seguirán reflejando las mismas desigualdades que se manifiestan en las esferas económicas, políticas y sociales. Contar con datos estadísticos abiertos y accesibles sobre distintos fenómenos sociales es un requisito para una democracia sana. Mientras haya más datos y más accesibilidad, habrá más personas usuarias que podrán apropiarse de la información y realizar sus propios análisis de los problemas públicos y diseñar estrategias para aliviarlos.

* Regina Isabel Medina Rosales (@regi_medina) es analista de datos en Intersecta y egresada de la Licenciatura en Políticas Públicas del CIDE Región Centro.

 


1 Esta cifra se basa en los Registros de Mortalidad del INEGI y se retoma en el artículo “Seis de las diez” de Estefanía Vela Barba, que a su vez retoma el análisis del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, disponible aquí.

2 El dato proviene de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI y se explora a fondo en el artículo “La (invisibilidad de la) violencia laboral en México” de Adriana Ortega disponible aquí.

3  Los datos de la proporción de mujeres que se encuentran encarceladas sin sentencia provienen de los Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y se analizan a profundidad en el informe La condena sin sentencia, disponible aquí.