El 30 y 31 de agosto de 2020, respectivamente, se cumplieron diez años de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Fernández Ortega y otros vs. México y Rosendo Cantú y otra vs. México. Como parte de las medidas de reparación en ambos casos, la Corte Interamericana estableció que el Estado mexicano debía “implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”. El 28 de noviembre de 2020 se cumplieron, también, dos años de la sentencia de la Corte Interamericana para el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. La obligación del Estado mexicano de “continuar con las capacitaciones en derechos humanos dirigidas a las Fuerzas Armadas” fue una de las medidas incluidas en esta última sentencia.

Las organizaciones Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta nos aliamos con el objetivo de investigar el cumplimiento de la responsabilidad internacional de las fuerzas armadas de capacitarse en derechos humanos. Como parte de ese proceso, realizamos diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país, incluida la Guardia Nacional. En el informe Falsas salvaguardas presentamos nuestros hallazgos más relevantes a partir del análisis de las respuestas recibidas, así como de información públicamente disponible.

El principal hallazgo que resulta de esta investigación es que ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple a cabalidad con la obligación de contar con programas permanentes de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal en derechos humanos, tal y como lo mandató la Corte Interamericana. De las instituciones a las que consultamos, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ni la Secretaría de Marina (SEMAR), ni la Guardia Nacional cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo. En el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información realizadas permiten conocer el número de personas capacitadas, pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal. Tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el “éxito” de las capacitaciones.

Esta falta de evaluación de las capacitaciones que se imparten a las fuerzas armadas —y la imposibilidad que existe de fiscalizarlas de forma independiente— es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar. Lo que preocupa es que con la poca información que existe sobre la actuación de las instituciones castrenses, parece que las violaciones a los derechos humanos no se han reducido con el tiempo, sino que, en ciertos casos, incluso han aumentado. Esto, por supuesto, también puede indicar que, al menos en el caso de las fuerzas armadas, el problema no solo está en las capacitaciones, sino en cómo operan: sin reglas, ni límites claros, en directa contravención a lo mandatado tanto por la Corte Interamericana, como por la Constitución.

Por esta razón también afirmamos que es fundamental entender que la estrategia de capacitación en derechos humanos y género no garantiza por sí misma la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Menos aún cuando no existen herramientas de monitoreo y evaluación de las capacitaciones ni de sus efectos en el actuar de las fuerzas armadas. Ninguna capacitación sustituye la necesidad de contar con reglas y límites claros en el actuar de los elementos. Para el caso de las fuerzas armadas, esto es crucial: el problema no es solo que son incapaces —como este informe evidencia— de mostrar cómo se están capacitando, sino que no parecen existir otros límites o salvaguardas a su poder. Esto es importante porque nos indica que incluso si mostraran desarrollar una estrategia de capacitación con objetivos claros y mecanismos de evaluación robustos, parte del problema —las violaciones a los derechos humanos— persistiría.

Es desde aquí que afirmamos, también, que el continuo incremento de capacitaciones en derechos humanos y género a las fuerzas armadas parece estar fungiendo, más bien, como una falsa salvaguarda: impartirlas no garantiza que la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional respeten, en el ejercicio de sus labores, los derechos humanos de las personas civiles y tampoco garantiza la disminución de la violencia. Por el contrario, confiar ciegamente en esta estrategia de capacitación nos distrae de encontrar y destinar recursos a verdaderas soluciones de política pública basadas en evidencia y que sean compatibles con los derechos humanos de las personas, incluidos los de las mujeres.

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