En este artículo escrito para y publicado por la revista Nexos, Estefanía Vela alerta a las formas en las que la discriminación puede afectar las respuestas que ofrezcamos frente a la pandemia desatada por el COVID.

 

En la crisis que ha desatado el COVID-19 existen al menos dos consensos. El primero es que estamos ante un problema sanitario: el del esparcimiento del virus, que es altamente contagioso y que, si bien en la mayoría de los casos no genera mayor malestar, en algunos sí lleva a la hospitalización e incluso a la muerte. La apuesta, en tanto no haya un tratamiento, es reducir la rapidez del contagio para que el sistema de salud no se vea rebasado. El segundo consenso es que se está materializando una crisis económica y social; el objetivo es mitigarla. En ambos casos la pregunta es: ¿qué medidas pueden y deben implementarse para lograr lo deseado? Mi propósito es señalar las formas en las que la discriminación puede afectar las respuestas que ofrezcamos a estas cuestiones.

Mucho se ha escrito sobre cómo puede variar el impacto del virus dependiendo del contexto de desigualdad existente en un país. Si las medidas no lo contemplan, van a fallar en sus propósitos, con el riesgo de agravarlo todo. Lo que me preocupa, sin embargo, es cómo por la misma discriminación —por nuestras exclusiones y omisiones históricas— tenemos una serie de prejuicios y sesgos que nos impiden ver estas desigualdades. Esto afecta qué vemos como un problema y, por lo tanto, qué proponemos como una solución. ¿A qué me refiero? Doy ejemplos.

El 27 de febrero comenzó a transmitirse en vivo la conferencia de las autoridades sanitarias federales para informar a la ciudadanía acerca del COVID-19. ¿Cuál fue el problema? No se incluía la interpretación en lengua de señas mexicana. En Primera Persona y la Coalición de Personas Sordas interpusieron un amparo para obligar a las autoridades a garantizar lo que es su derecho: acceder a la información.1 Es obvio que la información es necesaria y puede salvar vidas. No lo fue que para garantizarla a todas las personas tenemos que difundir los mensajes en distintas lenguas, por diferentes medios y pensando en una variedad de audiencias, para muchas en automático.

Otro ejemplo. El 16 de marzo la Secretaría de Educación Pública determinó que se suspenderían las clases. Esto impactaría a millones de niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, a millones de familias. ¿Cuál fue el problema? No se anunciaron al mismo tiempo medidas para quienes estaban a cargo de su cuidado, incluidas las personas que tenían que seguir trabajando. Esto no es menor ni tampoco es nuevo. Actualmente, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo no contempla licencias que permitan a las personas encargarse del cuidado de sus seres queridos sin temer la pérdida de su salario o trabajo. Lo más que contempla esta norma son licencias —insuficientes y discriminatorias por género—2 para cuando llega una criatura a la casa. ¿Qué pasa después con esa criatura? ¿Qué pasa con los seres queridos que enferman y requieren de nuestros cuidados?3 Es problema de cada persona.

Uno de los puntos que por décadas las feministas han señalado y que en el contexto del COVID-19 se vuelve, de nuevo, relevante: vivimos en una sociedad que privatiza los cuidados, haciéndolos recaer sobre la familia y que, dentro de ésta, los distribuye inequitativamente. Cada año lo muestran los datos del Inegi: por cada hora que invierten los hombres en las labores no remuneradas del hogar, las mujeres invierten tres. Por mencionar algunas de las diversas consecuencias: el número de mujeres “económicamente activas” sigue siendo mucho menor que el de los hombres; el número de mujeres que reportan abandonar su trabajo por un embarazo o por sus “responsabilidades familiares” también; las horas que las mujeres invierten en sus trabajos fuera de casa son menores a las de los hombres; y el salario que reciben en promedio también es menor.4 Se ha insistido en que las crisis sanitarias como la actual pueden exacerbar estas desigualdades.5 Al anunciar la suspensión de clases sin presentar un plan para lidiar con ello quedó invisibilizado y, por lo tanto, sin atender.

Otro ejemplo. Desde el 24 de marzo, el mensaje del gobierno federal ha sido claro: “quédense en casa”. ¿Cuál es el problema? Hay varios.

Para empezar, la casa no es un espacio seguro para todas las personas. La violencia familiar —que desproporcionadamente afecta a las mujeres— es un problema viejo que, con la crisis, puede agudizarse. A su vez, por la crisis, muchas instituciones públicas están reduciendo o de plano suspendiendo sus labores. Entre éstas están los tribunales, que precisamente pueden ser clave para atender a las víctimas de violencia familiar. Conforme sus facultades, las cortes pueden utilizar una variedad de medidas para mitigar o detener esta violencia, como las órdenes de protección en materia familiar y penal que sirven para proteger a las víctimas de su agresor, ordenándole, por ejemplo, su separación. La organización Equis Justicia para las Mujeres se planteó una simple pregunta: ¿de qué manera contemplaron las cortes en sus acuerdos de suspensión de labores las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género?6 Para resumir sus hallazgos: de 32 tribunales, 27 reprobaron. Pocos fueron los que tenían un plan de acción y una ruta clara para las víctimas.

Hay otro problema con el “Quédate en casa”: son muchas las personas que no tienen casa y son millones las que, si no trabajan, pierden su sustento y su vivienda. El mandato del resguardo no fue acompañado al mismo tiempo de medidas que permitan que todas las personas puedan cumplirlo. Por si eso no fuera suficiente, el 29 de marzo, el gobernador de Yucatán amenazó con sancionar, con cárcel y multa, a cualquier persona que al presentar los síntomas o al haber sido diagnosticada con COVID-19 no cumpla con “las medidas de aislamiento para evitar el contagio”. Su anuncio estaba respaldado por la legislación penal de su estado, que contempla un delito que se llama “peligro de contagio”.7 Éste es un delito viejo pero vigente en 28 legislaciones estatales del país. En 26 de ellas está redactado de forma tal que permite castigar, con cárcel, a quien “sabiendo que tiene una enfermedad” —cualquiera que ésta sea— ponga en riesgo de contagio a otra persona. Lo terrible de este tipo de normas no sólo es que sirven poco para reducir la propagación del virus, sino que se prestan precisamente para exacerbar las desigualdades existentes: para castigar a quienes de por sí sólo están tratando de sobrevivir.

A su vez, la amenaza punitiva nos obliga a ver a otro grupo de personas: aquéllas que ya están privadas de la libertad, en centros migratorios, anexos, psiquiátricos y cárceles. Sólo en el caso de éstas últimas hablamos de 200 936 personas, de las cuales el 37 % ni siquiera ha sido condenada aún por la comisión de un delito.8 Las cárceles en el país son espacios propicios para la propagación del virus, dado que muchas están sobrepobladas y no tienen acceso al agua ni a productos higiénicos o a un servicio médico de calidad.9 En el contexto actual, las cárceles son una condena de muerte. Las autoridades podrían implementar medidas para no aumentar la población encarcelada —echando mano de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por ejemplo— e incluso tienen facultades para liberar personas actualmente detenidas. Es lo que ha comenzado a hacerse en otros países y es lo que ha impulsado Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.10 ¿Qué hemos visto en México, sin embargo? Silencio tratándose de la mayoría de las autoridades e incluso por parte de muchas personas, un llamado a dejarlas morir.

Lo que me lleva a mi último ejemplo. Nadie duda que incrementarán las personas que requerirán hospitalización. El problema es que no necesariamente tenemos aún los recursos necesarios para atenderlas a todas. La fundación Yo También, que se dedica a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, preguntó algo fundamental: ¿cómo se van a tomar las decisiones sobre quiénes recibirán el servicio? Que sea Yo También la que plantea esta cuestión se entiende: en la actualidad, hay quienes creen que las muertes de personas con discapacidad son un “alivio”; algo preferible frente a la “tragedia” que son sus vidas. Dado este contexto, su interrogante es crucial: ¿qué se hará en México? “¿Se privilegiará, como en otros países, atender a personas más jóvenes, sin complicaciones de salud o sin discapacidad?”.11 ¿Será COVID-19 la excusa perfecta para ejecutar nuestros prejuicios en el contexto de la atención de la salud? Si no, ¿cómo se va a garantizar un servicio médico sin discriminación? Aún no hay respuesta.

Todas nuestras acciones y omisiones revelan, de alguna manera, nuestros patrones de pensamiento y nuestro sistema de valores. ¿Qué nos llama rápidamente la atención? Más importante aún: ¿quién? ¿Quiénes ni se nos cruzan por la mente? ¿A quiénes nos nace, casi instintivamente, procurar? ¿A quiénes estamos dispuestos, dispuestas a sacrificar? Las respuestas a estas preguntas siempre han sido importantes. El contexto sólo visibiliza a qué grado son —y siempre han sido— cuestiones de vida o muerte.

Hasta ahora he dado sólo algunos ejemplos de cómo la discriminación permea las respuestas que damos ante COVID-19. Sé que hay muchos muchos más. Me interesa, para concluir, resaltar dos puntos: en todos los casos, las omisiones, exclusiones y restricciones se pueden corregir; algunas rectificaciones ya están en curso. Otra respuesta —otro mundo— es posible. Para que ello ocurra, sin embargo, no podemos dejar de ver la discriminación. Es nuestro pasado y nuestro presente. Tenemos que hacer lo necesario para que no siga siendo nuestro futuro.

Estefanía Vela Barba


1 D’Artigues, Katia. “Comunidad sorda logra orden para que el gobierno haga accesible la información sobre COVID-19”, Animal Político, 17 de marzo de 2020.

2 Vela Barba, Estefanía. La discriminación en el empleo en México, Instituto Belisario Domínguez y Conapred, 2017

3 La única excepción a esto, y es una adición de junio del año pasado, es la contemplada en el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, que contempla una licencia para padres y madres cuyos hijos, menores de 16 años, tienen cáncer.

4 Inegi e Inmujeres, Mujeres y hombres en México 2019, 2019.

5 Olmstead-Rumsey, Jane, et al. “The Impact of Covid-19 on Gender Equality”, Working Paper No. 26947, National Bureau of Economic Research, abril 2020; Lewis, Helen. “The Coronavirus is a Disaster for Feminism”, The Atlantic, 19 de marzo de 2020.

6 Equis Justicia para las Mujeres, (Des)protección judicial en tiempos de COVID-19, 2020.

7 Vela Barba, Estefanía. “¿Cárcel para quienes no se queden en casa?”, Animal Político, 31 de marzo de 2020.

8 Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional del Órgano de Prevención y Readaptación Social, diciembre de 2019.

9 Equis Justicia para las Mujeres et al. “Comunicado: México debe cambiar prácticas de detención y despresurizar sus cárceles ante pandemia de COVID-19”, 19 de marzo de 2020.

10 ONU Noticias. “Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 ‘cause estragos en las prisiones’”, 25 de marzo de 2020.

11 D’Artigues, Katia. “Hugo López-Gatell: favor de contestar”, Yo También, 3 de abril de 2020.