En este artículo que escribieron Adriana Ortega y Estefanía Vela para el blog de Intersecta en Animal Político analizan lo que ha sucedido en las prisiones mexicanas en el contexto del COVID-19. 

Desde que inició la pandemia, distintas personas y organizaciones llamamos la atención a los efectos terroríficos que podría tener el virus en las cárceles del país si no se tomaban medidas adecuadas para contenerlo. La preocupación se fundaba en la realidad de las prisiones mexicanas, espacios que son particularmente propicios para el esparcimiento del virus, dada su sobrepoblación y su falta de agua potable, de productos higiénicos básicos y de atención médica de calidad. Ante este escenario, se articuló una exigencia: garantizar, al interior de las cárceles, la salud de las personas, pero también hacer todo lo posible por modificar las prácticas de encarcelamiento. En concreto: había que liberar a quienes ya estaban en la cárcel y había que impedir que llegaran más a reemplazarlas. La salud —las vidas— de las personas estaban en juego.

¿Qué ha pasado en las cárceles mexicanas durante la pandemia? Con base en el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, podemos afirmar que, solo de abril a mayo, las personas privadas de la libertad que murieron en las cárceles aumentaron de 49 a 154. Se triplicaron, en otras palabras. Mayo de 2020 es, de hecho, el mes con la tasa más alta de decesos en prisión de los últimos tres años.

¿De qué murieron estas personas? No sabemos. Los cuadernos, que mes con mes publica el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, no incluyen información sobre la causa de muerte. ¿Quiénes eran las personas que murieron? Tampoco podemos saberlo. ¿Eran hombres o mujeres? ¿Jóvenes o adultas mayores? ¿Tenían familia? La información se omite por completo. Lo que preocupa es que, dada la opacidad con la que opera el sistema penitenciario mexicano, nunca lo sabremos si no exigimos que las autoridades rindan cuentas.

Si bien los datos no permiten saber más sobre las personas que han fallecido en las cárceles mexicanas durante la pandemia, sin embargo, arrojan, de cualquier manera, claves sobre cómo las prisiones siguen operando en este contexto. Una tendencia, en particular, preocupa: mientras que las liberaciones —a través de las preliberaciones o las sustituciones de la pena— de personas privadas se han reducido en estos últimos meses, las personas encarceladas sin siquiera haber sido condenadas siguen en aumento. El abuso de la prisión preventiva, en otras palabras, persiste. La arbitrariedad le sigue ganando a la clemencia. Y nada, ni siquiera la amenaza del Coronavirus, parece ser capaz de revertir esta injusticia.

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El número de personas privadas de la libertad, como dijimos, no ha dejado de aumentar en los últimos meses. Pasaron de ser 205,535 en marzo a 207,890 en abril y, finalmente, 209,063 en mayo. Estamos hablando de miles de personas más expuestas a un contexto en el que a la violencia cotidiana, se suma ahora un virus contagioso y letal.

Por si eso no fuera alarmante, al menos durante los meses de abril y mayo, este cambio se debe principalmente al aumento de las personas que están en prisión preventiva. Esto es: a las personas que están en la cárcel sin siquiera haber sido condenadas. Fue tal su crecimiento, que, a pesar de que las personas ya sentenciadas se redujeron en estos dos meses, el total de la población encarcelada como quiera incrementó. De hecho, la tasa de encarcelamiento en prisión preventiva en mayo de 2020 es la más alta de los últimos dos años y medio.1

El aumento de las personas en prisión preventiva afectó tanto a hombres, como a mujeres. Sin embargo, es importante considerar que la prisión preventiva es una medida que históricamente ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, algo que durante la pandemia no cambió. Para dimensionarlo: mientras que, de los hombres encarcelados en mayo de 2020, 4 de cada 10 estaban sin sentencia, en mujeres, 1 de cada 2 estaba en la misma circunstancia.

El aumento de las personas en prisión preventiva ocurrió tanto por delitos del fuero federal, como por delitos del fuero común, si bien ha sido mayor en el caso de estos últimos. Esto de hecho es importante: históricamente el abuso de la prisión preventiva había sido más marcado a nivel federal. Pero en años recientes esta tendencia se ha ido revirtiendo y es justo en el mes de mayo de 2020 en el que, en ambos casos, ya 4 de cada 10 personas privadas de la libertad están en prisión preventiva.

El aumento en el uso de la prisión preventiva puede verse en prácticamente todas las entidades federativas. De las 32, por ejemplo, solo en cuatro no aumentaron las personas en prisión preventiva de abril a mayo (este es el caso de Tabasco, Baja California Sur, Yucatán y Aguascalientes). Las cinco entidades que tuvieron el aumento mayor en este mes fueron Nuevo León, la Ciudad de México, Puebla, Coahuila y Campeche (en ese orden).

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Además de incluir información sobre el número total de personas que están en prisión, los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional incluyen datos sobre personas liberadas de prisión a través de medidas alternativas al encarcelamiento, dos en concreto: los beneficios preliberacionales y las medidas sustitutivas de la pena. Dentro de los primeros, se contemplan acciones como la libertad supervisada y preparatoria; en lo que respecta a las segundas, se incluyen la condena condicional, las jornadas de trabajo a favor de la comunidad, así como el tratamiento en libertad y semilibertad. Estas medidas, que están contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, precisamente eran las que debieron de haberse activado más que nunca durante la pandemia. Pero, ¿qué muestran los datos?

Si bien el comportamiento de estas medidas no es precisamente estable, pudimos ver, de cualquier manera, que mayo ha sido el mes en el que menos personas han sido beneficiadas con libertad vigilada. En tres años, mayo es el mes con menos personas liberadas a través de beneficios preliberacionales y con menos personas liberadas a través de medidas sustitutivas de la pena.

Como se muestra en la gráfica, este descenso es más evidente en las medidas sustitutivas de la pena: en comparación con abril, la tasa de las personas beneficiadas bajó en 89.5% con respecto a los últimos registros. Hay un contraste importante, también, desde febrero, ya que en ese mes se benefició a un total de 487 personas, en comparación con las 32 personas liberadas en mayo. Al observar los datos a nivel estatal para este último mes, vemos que la mayor parte de las entidades —17, en concreto— no reportan ninguna liberación. Entre aquellas que sí lo hicieron, se encuentran Baja California (8), Estado de México (5), Ciudad de México (3), y Puebla (3).

Estos datos no sorprenden considerando lo que por semanas ya ha señalado la organización EQUIS: Justicia para las Mujeres. En mayo, EQUIS publicó Derechos aplazablesuna investigación en la que analizaban los acuerdos de suspensión de los tribunales estatales emitidos en el contexto del COVID-19 para ver si contemplaban el acceso a la justicia para las personas privadas de la libertad. Encontraron, por ejemplo, que solo 8 de los 32 tribunales estatales especificaron que sí atenderían los asuntos relacionados con los beneficios preliberacionales; mientras que 7 de ellos aclararon que solo resolverían asuntos relacionados con “aquellos beneficios ya otorgados y pendientes de ejecución”. De los 32 tribunales, ni uno solo contempló o estableció criterios específicos para “la sustitución y suspensión de la pena a las que podrían acceder personas privadas de la libertad cuando las condiciones de internamiento pongan en riesgo su salud”.

Las fallas que EQUIS detectó desde el papel pueden verse claramente ya en los datos: nuestro sistema no sirve para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Pero bien que funciona, con todo y la contingencia, para seguirlos vulnerando.

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Si algo ha mostrado la crisis de la pandemia por COVID-19, es la importancia de contar con datos públicos confiables y oportunos. Tratándose de personas privadas de la libertad y de las decisiones que se toman en el sistema de impartición de justicia esto no es una realidad. Hay mucho que no sabemos sobre lo que está pasando en nuestras prisiones, incluido algo tan básico como por qué están entrando y saliendo de prisión las personas y —crucial— por qué y cómo están muriendo.

Sí: en años recientes se ha hecho un esfuerzo por fiscalizar mejor a las cárceles. Por ejemplo: además de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística, el INEGI cuenta con los censos de gobierno, así como bases de datos de registros administrativos en los que se hace un recuento de la información disponible en las fiscalías, los tribunales y cárceles de todo el país. Pero si bien sabemos que estos ejercicios representan un esfuerzo importante para dar luz de lo que sucede en las diferentes etapas del proceso penal, presentan varias limitaciones.

Los cuadernos, por ejemplo, se publican mensualmente,2 con “solo” 20 días de retraso, pero carecen de información tan básica como los delitos por los cuales las personas están privadas de la libertad. Los censos, que sí tienen esa información, se publican, en cambio, con un año y medio de retraso. Encima, hay un problema de segmentación en los datos: actualmente no hay manera de rastrear los casos que entran en contacto con el sistema de procuración de justicia hasta llegar a una resolución, ya sea condenatoria o absolutoria. Tenemos datos de fiscalías, por un lado, datos de tribunales, por otro y datos de cárceles aparte.

Otra situación que abonó a la opacidad y al limitado acceso a la información oportuna, al menos en el contexto del COVID-19, es la decisión que tomó el INAI el pasado 20 de marzo al suspender los procesos relacionados con solicitudes de acceso a la información a raíz de la implementación de medidas sanitarias. Aunque al final se acordó que el 30 de mayo reanudarían los plazos para responder solicitudes,3 el daño estaba hecho. Nuestra capacidad de saber qué está pasando en el sistema penal —incluido el sistema penitenciario— se vio reducida.

Necesitamos acabar de entender bien qué está pasando en nuestras cárceles. Las personas privadas de la libertad —y sus familias— lo merecen.

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A modo de conclusión: con lo poco que sí sabemos sobre las cárceles, no podemos más que pensar en la recién aprobada Ley de Amnistía. Es una ley con límites importantes. Para empezar, solo aplica para las personas procesadas o encarceladas por delitos del fuero federal; y solo sirve para quienes cometieron delitos o están involucradas en procesos que iniciaron antes de su entrada en vigor. Con todo, tenemos que reconocer una de sus virtudes, que muchas veces es pasada por alto: a diferencia de los mecanismos de preliberación y sustitución de la pena contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Amnistía sirve para personas que no han sido condenadas aún. Esto incluye a personas en prisión preventiva que, como vimos, es la población que, con todo y el COVID-19, sigue en aumento.

A su vez, queda claro que, si no cambiamos las políticas más amplias de encarcelamiento, la Ley de Amnistía se convertirá en un paliativo. Se dijo una y otra vez en su momento: de nada servirá esta Ley si se siguen ensanchando los mecanismos que permiten la privación arbitraria de la libertad, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa, una medida que permite que las personas sean encarceladas simplemente por virtud del delito por el cual están siendo investigadas.

Mencionamos lo anterior porque precisamente, en plena pandemia, se cumplió un año desde que se aprobó la reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.4 Cuando se discutió la reforma, se advirtió que implicaría un retroceso. Se llamó la atención al hecho de que, con esfuerzos, México llevaba apenas unos años reduciendo el número de personas privadas de la libertad. Los efectos de estos esfuerzos, que tanto han costado, se verían cancelados con la aprobación de la reforma. Esta advertencia puede verse ya, en plena pandemia. El efecto, como mencionamos, es incluso más claro en las mujeres, ya que, desde diciembre de 2019, puede verse que se revirtió la tendencia de años previos.

Se supone que la prisión preventiva no debe operar como un castigo. Como una condena. Debe ser un mecanismo excepcional que se puede activar solo en ciertos supuestos, como cuando la persona investigada se entromete en el proceso o amedrenta a la víctima o los testigos. Lo que siempre hemos visto, sin embargo, es que narrativamente, no es así: sí se usa la prisión preventiva para castigar a quienes asumimos cometieron delito, aunque no haya pruebas de ello. Lo que el COVID-19 por desgracia ilustra es que, aunque en papel no lo sea, sí opera de facto como una condena. Y esto lo decimos porque, de las 154 personas que murieron en mayo en las cárceles, 38 estaban en prisión preventiva. Las políticas de mano dura matan. ¿Qué más necesitamos para entenderlo?


* Adriana E. Ortega (@adriananana_) es Analista de Datos de Intersecta y Estefanía Vela (@samnbk) es Directora Ejecutiva de Intersecta.

1 A lo largo del texto utilizamos como unidad de medición la tasa de encarcelamiento de personas (ya sea en general, con sentencia o sin sentencia). La tasa la calculamos con base en el número de personas privadas de la libertad, dividida entre el número de personas adultas del país (o sea, personas mayores de 18 años). Sabemos que esta medición omite una variedad de factores. Puede haber más personas en la cárcel porque aumentan los delitos; o puede ser porque varían las políticas de persecución (qué persiguen las fiscalías) o de enjuiciamiento (qué resuelven los tribunales); o, por supuesto, una mezcla de todo esto. Dada la escasa información sobre todos estos factores, sin embargo, hemos optado por utilizar la medida antes descrita.

2 De acuerdo con el artículo 70, fracción XXX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el OADPRS tiene la obligación de publicar estos cuadernos en la Plataforma Nacional de Transparencia mes con mes. Desde inicios de la pandemia, sin embargo, han dejado de hacerlo.

3 Ver el “Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02”.

4 Sabemos que el 10 de junio de este año, la Suprema Corte resolvió una Contradicción de Tesis (551/2019) en la que tenía que responder la siguiente pregunta: ¿la reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa surtió “efectos” —por decirlo de alguna manera— una vez que fue publicada o es necesario que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se pueda echar mano de ella? La SCJN llegó a la conclusión de que se tiene que reformar el Código para hacer efectiva la reforma constitucional, al menos para lo relativo a delitos relacionados con el huachicol y con las armas de uso exclusivo del ejército. Esto implica que los y las juezas no podrán echar mano de la reforma en tanto no se modifique el Código. Esto no significa, sin embargo, que entre que se aprobó la reforma y se emitió el fallo de la Corte, los y las juezas no estuvieran utilizando la Constitución para justificar la imposición de esta medida.