Adriana Ortega y Nicole Huete escribieron en el Blog de Intersecta en Animal Político sobre lo que está pasando en las cárceles en México.

Las cárceles en México son lugares propicios para el contagio del virus. Por eso precisamente había que tomar medidas urgentes para la contingencia sanitaria. Varias personas y organizaciones exigimos medidas que garantizaran tres cosas, en concreto: la adopción de una política de no detención que no incrementara la población privada de la libertad, la despresurización de las prisiones mediante la liberación de distintas poblaciones y el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad dentro de los centros penitenciarios. Todo parece indicar que no se ha logrado ninguna de las tres.

Los resultados son alarmantes: con la información generada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sabemos que la tasa de muertes por COVID-19 de personas privadas de la libertad es de 2.3 veces más que la tasa nacional. Y, a pesar de ello, las personas privadas de la libertad –particularmente las que están en prisión preventiva– siguen aumentando.

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Primero, y como ya hemos señalado anteriormente, los datos indican que la población privada de la libertad no solamente no ha disminuido, sino que continúa en ascenso. Mientras que en enero se registraron 202,221 personas en prisión, para junio, el número ya había aumentado a 210,287, según los datos de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional que genera el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Esto significó un aumento del 4%, es decir, de 8,066 personas. Solamente entre mayo y junio, la población privada de la libertad a nivel nacional aumentó en 1,234 personas. No ha habido un mes, en este año, en que las personas encarceladas en el país no han aumentado.

Dado que la mayor parte de las personas que ingresaron a prisión durante este periodo lo hicieron a centros penitenciarios estatales, decidimos analizar la tendencia a nivel estatal. Lo que podemos ver es congruente con la tendencia a nivel nacional: la mayoría de las entidades crecieron su población penitenciaria. De manera específica, hubo seis entidades que presentaron un aumento importante entre mayo y junio, por encima de las demás: Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes, en ese orden. Estas presentan incrementos de entre 3 y 9 puntos, siendo la Ciudad de México la entidad con el aumento más pronunciado, contando con una tasa de encarcelamiento de 374.6 personas por cada 100 mil habitantes para el mes de junio.

¿Por qué han aumentado las personas privadas de la libertad? La razón sigue siendo la misma, que la que identificamos el mes pasado: por el abuso de la prisión preventiva.

Si nos concentramos específicamente en las personas ya sentenciadas en prisión, podemos ver una tendencia a la baja a nivel nacional desde marzo, cuando comenzó la pandemia en México: pasaron de ser 128,305 personas a 125,964. Es en las personas privadas de la libertad sin una sentencia en las que vemos un incremento sostenido: de 77,230 a 85,265. La diferencia es de 8,035 personas. ¿Qué significa esto? Que aunque la población con sentencia ha disminuido —si bien, no en el porcentaje que es necesario para reducir riesgos—, el incremento generalizado que vemos en la población privada de la libertad es atribuible, en su totalidad, a la prisión preventiva.

En los últimos registros encontramos que las cifras que conocíamos se mantienen vigentes: 4 de cada 10 hombres en prisión no cuentan con una sentencia, y esta proporción aumenta a 1 de cada 2 en el caso de las mujeres. El aumento ha sido ligeramente más pronunciado en mujeres, que en hombres, de hecho. Mientras que en el caso de las mujeres, la tasa de encarcelamiento en prisión preventiva entre enero y junio aumentó en un 16%, en hombres, el aumento fue del 12.5%.

¿Cómo se comporta esta tendencia en los estados? Lo que encontramos fue preocupante: por un lado, hay entidades que, desde enero, presentan una tendencia estable de personas en prisión preventiva por encima de personas con sentencia. Este fue el caso para Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco y Tlaxcala. Aunado a esto, identificamos otro patrón: el aumento de la tasa de personas sin sentencia a partir de la llegada de la pandemia. Este se puede observar en entidades como Coahuila, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

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Segundo: necesitábamos despresurizar las cárceles. Esto puede lograrse a través de distintos mecanismos, uno de ellos es la liberación de personas a través de medidas alternativas al encarcelamiento. Como ya hemos señalado previamente, en el contexto de la pandemia, estos beneficios disminuyeron de manera alarmante. Tan solo de abril a mayo se registró un descenso del 88%. Si bien los últimos datos indican que hubo un aumento de 49 personas con respecto al último mes —resultando en 81 personas beneficiadas para junio—, esta cifra sigue estando por debajo del promedio mensual que se venía registrando al menos en los últimos tres años, el cual era de alrededor de 440 personas.

Otra vía para lograr reducir la población penitenciaria es la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada hace unos meses y presentada como una medida ante la contingencia. Sin embargo, la ley es todavía inoperante. Aunque la Secretaría de Gobernación instaló la Comisión necesaria a finales del mes de junio, todavía no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los pasos que deben seguir las personas privadas de la libertad para solicitar la amnistía, como ha señalado la organización EQUIS: Justicia para las Mujeres. A nivel estatal, donde sabemos se concentra la mayoría de la población que podría beneficiarse de una amnistía, únicamente Hidalgo ha aprobado una ley local. Sin embargo, a casi un mes de su aprobación, el estado todavía no cuenta con una Comisión de Análisis de Casos instalada.

La justicia no funciona para liberar a quienes sí tienen derecho; pero sí funciona para encarcelarar a quienes se asume deben perder sus derechos.

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Tercero: necesitábamos garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Si tomamos las defunciones que la CNDH reporta como relacionadas con COVID-19 en centros penitenciarios como un indicador de esto último, es evidente que tampoco se ha logrado. Al día de ayer se reportaban 178 fallecimientos, lo que significa una tasa de 84.64 decesos por cada 100,000 personas en prisión, 2.3 veces la tasa a nivel nacional.

Esas son las muertes que la CNDH le atribuye al COVID-19. Según los Cuadernos, entre abril y junio de este año, ha habido 359 muertes de personas privadas de la libertad. Para comparar: en el mismo periodo en 2019 se reportaron solamente 95. ¿Podemos atribuir todas las muertes a COVID? No, pero no deja de ser relevante que, hoy en día, ser una persona privada de la libertad supone un riesgo a la vida todavía mayor.

¿Para quiénes ha sido mayor este riesgo? No podemos saberlo. Ni los datos de la CNDH ni los contenidos en los Cuadernos contienen información desagregada sobre los decesos en centros penitenciarios. ¡Ni siquiera el sexo de las personas! Lo único que es posible conocer es la entidad federativa del deceso y, en el caso de los Cuadernos, el estatus jurídico de las personas que murieron.

Con todas estas limitantes en mente, los Cuadernos nos muestran algunos datos que nos podrían dar indicios sobre cuáles son los estados con mayor proporción de muertes. Hubo varias entidades que presentaron un aumento durante el último mes. Lo que nos resulta especialmente alarmante, es que aquellos estados que presentaron un aumento en su población penitenciaria sin sentencia, también presentan un crecimiento en cuestión de decesos. Específicamente en Chiapas, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Cabe señalar que, de estos estados, tres de ellos se encuentran en situación de sobrepoblación: Puebla, el cual presenta un exceso de 2,001 personas; Quintana Roo, con 527 personas y Jalisco, con 448.

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Lejos de dar indicios de mejora en la situación, nuestro contexto actual es desesperanzador: precisamente el día de hoy, en un periodo extraordinario de sesiones, las y los senadores votarán un dictamen de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre prisión preventiva oficiosa. En lugar de rectificar el curso y abolir un mecanismo que viola todos los tratados internacionales, las y los legisladores insisten en permitir la privación arbitraria y discriminatoria de la libertad. En plena contingencia, cuando los costos en vidas de la prisión nunca han sido más evidentes, parecen seguir optando por facilitar las muertes de las personas privadas de la libertad. Lo dijimos hace un mes y lo volvemos a repetir: ¿cuántas vidas perdidas más se requieren para que reviertan el curso?

* Adriana E. Ortega (@adriananana_) es Analista de Datos y Nicole Huete (@NicHuete) es Analista de Políticas Públicas en Intersecta.